El PP pedirá a la fiscalía prioridad a la denuncia en la que piden responsabilidades al PSOE sobre la gestión en Mancomunidad
El Partido Popular de Chipiona ha anunciado que pedirá a la fiscalía que de la máxima prioridad a la denuncia admitida a trámite en febrero para que el PSOE afronte las responsabilidades, políticas o penales, correspondientes a la nefasta gestión de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir que costará a los chipioneros 7.191.908,20 €
Por otro lado denuncian el derroche económico al que el PSOE de Chipiona encabezado por el ex alcalde Manuel García, el portavoz José Antonio Sotomayor y la ex delegada de Hacienda María Naval estaba acostumbrado, con unos presupuestos municipales inflados para sostener dicho derroche, que ha provocado que una localidad como Chipiona, con muchísimos menos habitantes que Utrera, Rota, Lebrija y Los Palacios, tengan que pagar más del doble, en algunos casos, que otros socios de la mancomunidad.
El PP recuerda a María Naval y José Antonio Sotomayor que se olvidan de reconocer la desgracia económica que a nivel local, regional y nacional ha llevado su partido a los ciudadanos cuando piden ayudas sociales, becas y bolsas de empleo.
No obstante, el Equipo de Gobierno del Partido Popular, afirman, ha triplicado las bonificaciones en el IBI, está pagando las ayudas al alquiler que el PSOE dejó a deber, sacando adelante ayudas sociales por importes muy superiores a las que ellos anunciaban y promoviendo continuamente bolsas de empleo a través de la empresa municipal Caepionis.
El PP considera que la modestia y la honradez política, aparte de suponerla, hay que demostrarla y por eso el Partido Popular solicita a los concejales del grupo socialista que formaron parte del equipo de gobierno de Manuel García que pidan perdón por la ruina que han traído a Chipiona y que con la liquidación de la Mancomunidad se ve de nuevo aumentada. También piden que expliquen a los trabajadores y acreedores, muchísimos de ellos de Chipiona, cómo y dónde se encuentra el dinero para pagar las ejecuciones de sentencia que los jueces están mandando ya a los ayuntamientos