Trabajadores de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir anuncian acciones penales contra los responsables del ente comarcal
Trabajadores de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir han anunciado que emprenderán acciones penales contra los responsables del ente comarcal, tras dos años sin cobrar los más de cinco millones de euros que se les adeudan en nóminas atrasadas e indemnizaciones.
Con esta medida esperan conseguir la inhabilitación de los alcaldes que, a su juicio, de forma irresponsable han llevado al organismo supramunicipal a acumular una deuda de más de cincuenta millones de euros y se depuren responsabilidades. Los trabajadores acusan abiertamente a Mª José Fernández, presidenta de la Mancomunidad y Alcaldesa de Lebrija, de haber actuado de forma irresponsable al cerrar la Mancomunidad, despidiendo sin sus derechos a más de 500 trabajadores, de dejar sin pagar a los proveedores locales y de perjudicar a los pueblos que la componen al encarecerse el coste de los servicios que prestaba la entidad. En el caso de la gestión de residuos, por ejemplo, afirman que el coste que habrán de asumir los ciudadanos se ha multiplicado por siete. Además, mantienen que sigue actuando de forma irresponsable al no acatar las sentencias judiciales que la obligan a pagar a los trabajadores sus nóminas y de mentir continua e impunemente desde que accedió a la presidencia.
Estos trabajadores se sumarán también a la denuncia interpuesta por el Partido Popular ante la fiscalía anticorrupción y que fue aceptada a trámite. Con estas medidas pretenden presionar a los responsables políticos y técnicos de la Mancomunidad para que atiendan las sentencias judiciales que obligan a pagar a los trabajadores y proveedores.
La Mancomunidad del Bajo Guadalquivir cerró sus puertas hace dos años y está en proceso de liquidación desde entonces, cuando los estatutos prevén un plazo máximo de seis meses. Tras esa decisión promovida por Mª José Fernández, como presidenta, se dejaron de pagar a numerosos proveedores locales y se despidieron a más de 500 trabajadores adeudándoles a muchos más de un año de salarios. Desde entonces, trabajadores y proveedores vienen reclamando en los tribunales, mediante manifestaciones y notas de prensa que se atiendan sus derechos, sin que en ningún momento, ni presidenta, ni alcaldes del Bajo Guadalquivir hayan hecho nada por aliviar la extrema situación en la que ya se encuentran por el impago de la deuda, que en ningún momento han tenido intención de atender.